El avance constante y permanente de la tecnología vincula, cada día más, la seguridad electrónica con la seguridad informática.

Así es como las empresas que prestan servicios privados de seguridad y custodia deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1002/99 que reglamenta la prestación de servicios de seguridad, investigaciones, vigilancia y custodia sobre las personas y/o bienes, en consonancia con la Ley de Seguridad Interior 24.059, la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 y las disposiciones del RENAR.

Concretamente, y a modo de ejemplo, cuando se coloca una cámara de videovigilancia, se debe respetar el derecho a la imagen, vinculado tanto a la Ley 11.723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual como a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales que protege cualquier dato de carácter personal que sea susceptible de apreciación por estos medios técnicos que tienen por finalidad precautelar la integridad de las personas y su entorno previniéndolas de peligros y presiones externas. Este último mandato legal surgió como necesidad de garantizar a las personas su derecho al honor y a la intimidad, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, conforme ordena nuestra Constitución Nacional.

Los jueces han dictado sentencias condenatorias que nos demuestran que el desconocimiento de estas obligaciones legales genera responsabilidades gravosas para todas aquellas empresas que operan en el mundo de las tecnologías. Es por esto que deviene fundamental la necesidad de contar con un adecuado asesoramiento legal preventivo a los fines del desarrollo y la prosperidad económica de las empresas de  seguridad electrónica.

Como abogados especialistas en Derecho Informático les ofrecemos, a los fines de resguardar sus operaciones comerciales y minimizar los riesgos económicos que puedan acarrearse por el desconocimiento legal, el diseño de políticas de seguridad de la información; la regulación de las condiciones laborales con su personal técnico; la confección y negociación de contratos informáticos y acuerdos de confidencialidad; protección del software y de las bases de datos electrónicas o informáticas en materia de propiedad intelectual; asesoría jurídica en controversias vinculas a la titularidad de dominios de internet, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, como ser la Ciberocupación o el registro abusivo de un nombre de dominio (Parasitismo); asesoría jurídica en licitaciones públicas y privadas; presentación de prueba de fuente informática y/o electrónica en un proceso judicial; entre otros servicios jurídicos.

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