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01 de Octubre del 2002
La presencia de la Seguridad Electrónica en la Seguridad Privada y en la Seguridad Pública.


Ley 118 de la Ciudad de Buenos Aires.
 

La Ley 118 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objeto regular la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y jurídicas privadas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o que efectúen la prestación en dicho territorio.

Incluye los servicios de:
a) Vigilancia privada
b) Custodias personales
c) Custodia y transporte de bienes y valores
d) Vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electro ópticos

Este último ítem, está definido como el servicio que tiene por objeto el diseño, instalación y mantenimiento de dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio o alarmas.
Es decir, que abarca a todas las actividades representadas por CASEL con excepción de la comercialización en estado puro.
Los prestadores, en nuestro caso, serían personas físicas y jurídicas no autorizadas a la utilización de armas.
El Art.5º, inciso b) obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños ocasionados a terceros. El Decreto 1133 fija esta cifra en $50.000.
El Art.5º, inciso f) define la obligatoriedad de designar a un Director Técnico, mientras que el Art.14º (Requisitos) establece que el Director Técnico deberá ser idóneo en Seguridad. A dicho fin, se requiere que tenga la licenciatura o especialización en seguridad según lo establezca la reglamentación, con título habilitante extendido por autoridad competente y de conformidad con los programas oficiales aprobados por la Secretaría de Educación y con dictamen del Consejo de Seguridad.

El Art.16º establece que los prestadores deben otorgar una garantía en un seguro de caución o en una suma de dinero en efectivo, proporcional con el personal integrante y los servicios prestados.

El Art.18º, inciso m) dice que la Autoridad de Aplicación, tiene la función de determinar las características que deben reunir los medios materiales y técnicos que podrán utilizarse para el desarrollo de la actividad.
La Disposición Transitoria Tercera establece penalidades. Por ejemplo, el inciso c), dedicado a las personas jurídicas, dice que “El titular o responsable de una persona jurídica que preste el servicio sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente, es sancionado con multa de $2.000 a $50.000 y/o clausura.”

Ley 12.297 de la Provincia de Buenos Aires
La Ley 12.297 (modificada por la Ley 12.381) de la Provincia de Buenos Aires tiene por objeto regular las actividades de las personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada.

Si bien en el objeto y ámbito de aplicación general no se define taxativamente nuestra actividad, el Art.42º (referido al uso de armas) establece que los prestadores de servicios de vigilancia electrónica, óptica y electro óptica, así como también los detectives privados, no podrán portar ningún tipo de armas, en ninguna circunstancia, durante el desempeño de sus funciones.
Asimismo, el Art.46º (régimen de infracciones y sanciones), inciso f) penaliza no transmitir a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales o establecimientos privados; o transmitir las señales con retraso injustificado; o comunicar falsas incidencias.
El Decreto 1.897/02 reglamenta en su Art.2º que la custodia, vigilancia y protección de bienes y personas incluye la prestación del servicio de vigilancia a través de sistemas de alarma, fijas o móviles, siempre que se trate de un servicio permanente con conexión a una central de monitoreo, conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y 46 inciso f) de la Ley 12.297. También que el empleo de sistemas de monitoreo de alarmas, sistema de seguridad electrónica, óptica y electro óptica, como así también los sistemas de observación y registro de imagen y audio, la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y registro de las señales de alarmas, deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación. Los medios técnicos utilizados para la prestación de este tipo de servicios, deberán ser autorizados y homologados por la Autoridad de Aplicación.

Nuestra posición respecto a ambas leyes
CASEL sostiene que las empresas de Seguridad Electrónica y las actividades por ellas desarrolladas, no deben estar incluidas en ambas leyes porque ellas se refieren a la “Seguridad Privada”; dando por sentado que existe una “Seguridad Pública” en manos del Estado. Las empresas de Seguridad Electrónica proveemos del diseño, instalación y mantenimiento de dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio o alarmas para ambos segmentos (el de la seguridad pública y el de la seguridad privada); razón por la cual no podemos quedar incluídos en dos leyes que solamente comprenden una parte de nuestra actividad y dejan sin reglamentar la otra.
Habiendo clarificado este concepto, y entrando en un análisis particular, podemos decir que los legisladores no han tenido en cuenta que nuestra actividad está basada mayormente en productos importados que cumplen normas internacionales. No es práctico y es oneroso para nuestras empresas (que desarrollan sus actividades en todo el país) tener que pasar por una homologación en cada jurisdicción. Debería existir la posibilidad de un organismo oficial que realice una única homologación de alcance nacional.
Asimismo, podemos decir que, durante la década pasada, la tecnología aplicada a la seguridad ha emergido como una entidad destacada dentro de la ampliamente desarrollada industria electrónica. Por su corta vida no ha sido incorporada a los planes de estudios oficiales como carrera de grado. Esto es importante a la hora de establecer los requisitos para los Directores Técnicos.

Lo enunciado precedentemente contiene los conceptos que guiarán el accionar de nuestra Cámara respecto de las Leyes en cuestión

Ing. Enrique H. Greenberg
Presidente de CASEL


 
 






























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